Qué debemos hacer para dejar de serlo: el hexágono de la prosperidad

Derogar tres normas por cada una que se apruebe.

Establecer medidas que reduzcan la burocracia y eliminen duplicidades e ineficiencias de la Administración.

Implementar una única base de datos nacional: los ciudadanos tendrán el derecho a no aportar ninguna información que ya obre en poder de la Administración.

El silencio administrativo positivo y la declaración responsable pasarán a ser la norma en todas las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

Impulsar el uso de la inteligencia artificial generativa para agilizar y simplificar la administración pública.

Reformar totalmente el sistema de tributación sobre la renta. Se establecerá un mínimo exento de 22.000€, un primer tramo hasta los 70.000€ que tributará a un tipo del 15% y un segundo tramo a partir de los 70.000€ que tributará a un tipo del 25%. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente. El coste aproximado de esta medida ronda los 40.000 millones de euros.

Revertir la subida del impuesto sobre el valor añadido introducida en 2012 pasando de nuevo el tipo reducido al 8% y el tipo general al 18%. El coste aproximado de esta medida rondará los 14.000 millones de euros.

Reducir el impuesto de sociedades que pasará del 25% actual a un tipo del 15%. El coste aproximado de esta medida rondará los 10.000 millones de euros.

Eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el Salario Mínimo.

Igualar el plazo de pago del contribuyente en IRPF e IVA al plazo de devolución del que dispone Hacienda, que asciende a seis meses sin intereses.

El pago de la nómina a los trabajadores incorporará las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa para que los españoles conozcan cuál es el coste real del trabajo y, por lo tanto, la auténtica presión fiscal de España.

Garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Iniciar el proceso de capitalización de un fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada. Caminar la senda para reconvertir el sistema de reparto en un sistema mixto siguiendo una línea similar a la de Suecia. Eximir del pago de impuestos todo el ahorro personal orientado a la jubilación, sin límite cuantitativo y condicionado a su cobro tras jubilarse.

Promover una auditoria sistemática de todos los gastos no imprescindibles de las administraciones públicas que serán susceptibles de supresión. Los análisis de esta auditoría se irán haciendo públicos.

Elaborar los presupuestos generales del Estado desde cero. Los principios rectores de estos presupuestos serán: i) reducción del gasto, ii) reducción del déficit y iii) necesaria correlación entre ingresos y gastos.

Suprimir todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Reducir de forma drástica el número de altos cargos, personal de designación política o cargos de confianza. Eliminar la financiación pública de todos los organismos ideológicos, observatorios, agencias de cooperación, etc. Reducir al mínimo estrictamente necesario el tamaño de la administración pública.

Reducir drásticamente todo el gasto de la administración territorial del Estado. Las transferencias a Comunidades Autónomas y administraciones locales se limitarán al mínimo constitucionalmente permitido.

Crear una central de compras nacional para todos los sistemas autonómicos sanitarios, farmacéuticos y de educación -sin perjuicio de que el objetivo último de VOX sea la recuperación completa de todas estas competencias y la eliminación del Estado Autonómico-.

Se eliminarán ipso facto todas las subvenciones y partidas presupuestarias dedicadas a sostener empresas o entidades públicas cuyas prestaciones ya se provean en el mercado salvo que acrediten ser estrictamente necesarias para el bienestar o el interés nacional. Con el mismo espíritu se analizarán todas las partidas dedicadas a cooperación internacional.

Retirar la adhesión de España a los acuerdos de París, al pacto verde europeo y promover la desvinculación de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). Se revertirán ipso facto todas las medidas que atacan frontalmente a la industria nacional como prohibición de motores de combustión, las trabas climáticas por emisiones de CO2, etc.

Recuperar el plan nuclear nacional. Se garantizará la supervivencia de las centrales nucleares actuales. Se promoverán estudios urgentes para instalar centrales nucleares en los emplazamientos disponibles adyacentes a las actuales. Se llevarán a cabo aquellos proyectos que sean viables con la mayor brevedad posible.

Se impulsará un plan nacional de soberanía energética que permita a los españoles explotar todos sus recursos naturales: combustibles fósiles, uranio, tierras raras, etc. España defenderá, protegerá, investigará y, en su caso, explotará todos los recursos naturales disponibles en su territorio -en superficie o en aguas territoriales.

Apoyar a la industria agroalimentaria nacional y la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, para hacer posible el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnológicas. Lucha contra la competencia desleal de productos de terceros países.

Los enemigos de los regantes manchegos no son los regantes murcianos. Los enemigos de los trabajadores del campo son los políticos que utilizan el agua como excusa para no invertir dinero en infraestructuras hídricas, enfrentando unas regiones con otras por un bien tan esencial como el agua. Impulsaremos un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común, asegurando la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua y pueda servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario, así como para impulsar y modernizar los regadíos, convirtiendo España en una auténtica autopista del agua. Se promoverá el almacenamiento, el bombeo, la depuración y tratamiento u otros mecanismos de aprovechamiento del agua disponible para uso agrícola o industrial.

Incentivar proyectos industriales con vocación de permanencia que se ubiquen en zonas en riesgo de despoblación y generen nuevos puestos de trabajo estables, garantizando frecuencias, calidad, comunicaciones, servicios que permitan que la gente no tenga que verse forzada a emigrar a las grandes ciudades si su deseo es seguir viviendo allí donde nacieron

Destinar inversiones estratégicas a la modernización y optimización de la red de transportes y comunicaciones que facilite el desarrollo y la competitividad de la industria en el territorio nacional.

Remigración / Deportaciones masivas: proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, así como de aquellos que decidan no integrarse.

Con ese criterio, revisar todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales llevadas a cabo por el bipartidismo, y auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.

Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

Suprimir toda ayuda y beneficio social, así como el acceso a cualquier servicio público, a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen; y condicionar la prestación de servicios públicos a los inmigrantes legales en función de sus años de cotización.

Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

Promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, se establecerán criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan de alguna forma la contratación de españoles.

Ampliación de suelo disponible. Fin del secuestro por parte de las AAPP. Aceleración de los procesos de transformación del suelo. Políticas pro-incremento de alturas y densidad.

Simplificación administrativa, aligeramiento de burocracia, trabas y trámites, reducción drástica de los impuestos que cobra el Estado desde que se adquiere un terreno hasta la finalización de la construcción.

Derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres y política de mano dura con la okupación y la inquiocupación. Todo ello permitirá que vuelva a aflorar la oferta de larga duración que estos años ha ido a mercados alternativos. Regulación de la proliferación masiva de VUT y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales. Promoción de un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad). Incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible. Deducción del gasto en alquiler: agresivas deducciones fiscales en el IRPF para jóvenes inquilinos. Las administraciones cumplirán con el artículo 47 de la Constitución en lugar de trasladar a los particulares la responsabilidad de cuidar a los vulnerables.

Inundar España de bloques de vivienda protegida para las familias españolas mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada: cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales a financiación y créditos blandos. Multiplicación del presupuesto en vivienda. Hoy la vivienda supone el 1,12% del gasto total de las AAPP. En los 60 era el 13%.

En el acceso a vivienda social y protegida: situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas.

• En el alquiler: prohibir el arrendamiento a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los mismos.
• En la compra: atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida.

Vertebración territorial de España. Reindustrialización y revitalización de la vida en cabezas de comarca, pequeñas y medianas ciudades pequeñas y mundo rural: servicios, infraestructuras, comunicaciones, trabajo, ocio. Devolver oportunidades a media España, terminando con la pena de destierro que sufren sus jóvenes, aliviará también la saturación y los precios elevados de las principales ciudades.

Una fiscalidad para que los españoles vuelvan a ser propietarios. Fin del IVA en la compra de primera vivienda. Recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual. Reducción al mínimo posible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Bonificación del 100% de las donaciones entre familiares destinadas a compra de vivienda. Medidas que permitan a los jóvenes disfrutar por adelantado de una parte de su futura pensión para la compra de un hogar. Promoción de la compra a plazos con condición resolutoria y bonificación del alquiler con opción a compra.

Financiación: avales públicos para compra de vivienda. Créditos blandos para parejas jóvenes vinculados a número de hijos. Condonación parcial del crédito a medida se cumplen ciertos objetivos de natalidad.