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Capítulo 2 · Páginas 22–34

¿Por qué somos más pobres?

Páginas 22–34 del PDF · Programa económico y de vivienda 2025

CO2 - Pacto Verde – deslocalización de la producción – competencia desleal

Existe una correlación casi total entre la caída de la producción industrial de España y el compromiso con el Pacto Verde Europeo. Véase que el momento en que empieza a caer la producción industrial de España (2007) es justo dos años después de la aprobación de la primera ley española para la reducción de emisiones de CO2 (2005).

Y, mientras España hace un esfuerzo sobrehumano para reducir sus emisiones de CO2, a costa del bienestar de los españoles, renunciando a nuestra industria, las emisiones de CO2 globales no paran de subir. El Pacto Verde Europeo es absolutamente inútil y sólo redunda en un gravísimo perjuicio para los españoles.

Aunque España se volatizara no habría ningún impacto en términos de emisiones globales, pues solo emite el 0,57% del CO2 mundial.

Nos encontramos ante una paradoja. A pesar de las normas climáticas que perjudican a la industria española, el mundo nunca había quemado tanto carbón como ahora.

A las suicidas políticas verdes hay que sumar la actitud irresponsable de los principales partidos europeos, que llevan décadas promoviendo la deslocalización de la producción a terceros países, llevándose allí los empleos y la riqueza y destruyendo aquí las comunidades, las familias y las condiciones de vida en nombre de una supuesta eficiencia.

A la vez que deslocalizan la industria y mandan a los españoles al paro, importan millones de inmigrantes ilegales no cualificados que terminan viviendo de los subsidios pagados por los contribuyentes españoles.

Esto ha sido particularmente dañino en el campo, con una sustitución de nuestros productos por los producidos en terceros países no sujetos ni a los requisitos fiscales, ni labores, ni de fitosanitarios que nuestros trabajadores y empresas han de satisfacer. Este es el auténtico arancel encubierto que el bipartidismo ha impuesto en España.

Fiscalidad - gasto

A pesar del empobrecimiento de los españoles, los gobiernos de PP o PSOE sistemáticamente han incrementado su recaudación y, por supuesto, su gasto público.

Sánchez ha subido más de 97 veces los impuestos, marcando récord histórico en recaudación. Desde 2018, la recaudación ha aumentado en 136.550 millones de euros. Y la recaudación per cápita ha pasado de 6.930€ a 9.430€, es decir, cada español paga 2.500 euros más en impuestos y cotizaciones.

El gasto total en subvenciones directas en el último ejercicio superó los 32.000 millones de euros. En este importe no se contabilizan las subvenciones de cuantía inferior a 100.000 euros por lo que el importe real será superior. La aportación presupuestaria para entidades públicas empresariales (distinta de las subvenciones) asciende a 15.365 millones de euros. El gasto en cooperación internacional supone 4.500 millones de euros. Existe, además, mucho margen de mejora en la propia gestión de la administración pública. Según el Instituto de Estudios Económicos, las ineficiencias superan los 60.000 millones.

Los presupuestos de las CCAA suman más de 265.000 millones de euros en el último ejercicio. Sólo se dedicó a educación, justicia y sanidad (prestaciones públicas esenciales) algo más de la mitad de este importe. En definitiva, hay una cantidad aproximada de 130.000 millones de euros dedicados a financiar CCAA que partida a partida podrán ir suprimiéndose sin afectar al bienestar de los españoles.

Así pues, hay un importe aproximado de 200.000 millones por los que se podría empezar a recortar examinando partida a partida sin afectar en nada al bienestar de los españoles. Además, las ineficiencias de la administración valoradas en esos 60.000 millones de euros también deben atacarse.

A todos estos gastos absurdos se les suma un gasto que sí redunda en el bienestar de los españoles pero que en las últimas décadas representa una porción creciente: pensiones. El sistema actual avanza en una dirección que lo hace insostenible. Este problema ya se había detectado en 1995, cuando se constituyó el llamado pacto de Toledo. A pesar de ello, los políticos del bipartidismo han decido continuar en una senda que lleva a la insostenibilidad del sistema, a una eventual quiebra de las pensiones y a una reducción de la inversión pública en asuntos de extrema urgencia como la vivienda o la natalidad.

Inmigración – coste

Si en 1996 la población extranjera era el 1% del total hoy ya supera el 20%. En ciudades como Madrid o Barcelona la población de origen extranjero entre los 20 y los 39 años ya supera el 40% del total.

Estimaciones señalan que en 2045 habrá más extranjeros que nacionales en España. ¿Fin del mundo por el cambio climático? No, fin de España por sustitución. Por la sustitución que viene promoviendo el bipartidismo desde Aznar y Zapatero hasta Sánchez, con fronteras de plastilina, regularizaciones masivas y regalo de la nacionalidad. No olvidemos que, recientemente fecha abril 2024, el PP y el PSOE votaron a favor de una ley para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales.

Las políticas pro inmigración masiva han generado un daño transversal a toda la economía española: saturación de servicios públicos (listas de espera, metro, pérdida de calidad educativa…), barrios abandonados e inseguros, deterioro de condiciones laborales, salarios depauperados, etc. ha llevado a las familias españolas a un desembolso extra: tarjeta sanitaria privada si quieren ser atendidos pronto, colegios de pago o actividades extraescolares para que sus hijos no pierdan comba, gasto en seguridad o transporte privado de vuelta a casa…

El sobrecoste de la inmigración se estima en más de 30.000 millones de euros anuales. Ni nos pagan las pensiones ni salvan nuestro Estado de bienestar.

Al revés, lo ponen en riesgo. Y ponen en jaque la viabilidad de todas las redes de solidaridad con los españoles más vulnerables, pues la inmensa mayoría de los inmigrantes son receptores directos de ayudas que no llegan a nuestros compatriotas. En torno a 2 millones de inmigrantes viven de prestaciones económicas directas del Estado.

Matricular una persona en el Eton College: unos 69.000 euros/año. Aquí, en España, nos gastamos 72.000 euros/año en cada mena. ¿Qué tal si los matriculamos a todos en Eton y nos dejamos de líos?

El daño también ha sido tremendo para el mundo del trabajo. Desde 2021, 9 de cada 10 nuevos empleos son ocupados por extranjeros.

Y mientras todo esto sucede, patronales, bancos, partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación dicen que seguimos necesitando cientos de miles de inmigrantes más cada año.

Vivienda

En España hay un desajuste entre la gente que busca casa y los pisos disponibles. Tenemos una oferta raquítica y un exceso de demanda. Ambos factores, combinados, llevan a precios de récord y ambos factores son producto de las políticas bipartidistas.

Falta vivienda:

por los laberintos burocráticos y las enormes cargas fiscales que hay en todo el proceso edificatorio para promotores y constructores, que llegan a encarecer hasta un 30% el precio final

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por las intervenciones fallidas en el mercado de alquiler. Llevamos una década de inseguridad jurídica para los propietarios (amparo de la ocupación y la inquiocupación, prórrogas forzosas, controles de precios…) que han provocado que se esfume la oferta de vivienda en alquiler de larga duración. La oferta de viviendas ha caído un 56% en 5 años en España.

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por el abandono de las políticas de vivienda protegida, que permitieron levantar entre los 50 y los 2000 una poderosa clase media: 6,8 millones de viviendas. De hacer más de 200.000 al año en los 60 se pasó a más de 100.000 en los 80. Entre los 90 y los 2000 se hacían más de 50.000. Hoy se hacen menos de 10.000. Sánchez prometió 184.000 viviendas que nadie ha visto.

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Problemas de demanda

Mientras la producción de vivienda sigue estancada, con menos de 100.000 nuevas unidades anuales, el ritmo de creación de hogares es muy superior, con 270.000 hogares nuevos cada año. Esto se debe a múltiples factores:

  • Entrada en España de 3 millones de extranjeros en los últimos 5 años. Esta demanda, combinada con la drástica reducción de vivienda disponible ha conducido a una subida de precios de un 30% en alquiler. Al mismo tiempo, fondos y fortunas extranjeras, con un poder adquisitivo muy distinto al del nacional, están comprando a tocateja, con descuentos y con alfombra roja lo que el español medio no puede soñar con comprar a plazos. No se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración. Fronteras seguras son pisos asequibles.
  • Al mismo tiempo, el fin de las oportunidades en la España vaciada y la concentración de las mismas en 4-5 grandes polos ha generado un problema en materia de vivienda. Destruir el trabajo en media España genera tensión en los precios de los pisos en la otra media. Demanda hiperconcentrada.
  • Cada vez hay menos personas por hogar debido tanto a la falta de certezas materiales para formar una familia como a los nuevos hábitos culturales (solterías perpetuas, divorcios, parejas que no viven juntas, etc.). Para 2039 el hogar más repetido será el que aloje a una sola persona, lo que incrementará la necesidad de hogares.

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En este contexto de precios desorbitados por la inadecuación entre oferta y demanda, la capacidad de compra de los españoles ha quedado diezmada por impuestos altísimos. El Estado hace negocio con una necesidad. Somos el país de Europa con mayor fiscalidad sobre la vivienda y uno de los que menor gasto público tiene en vivienda. Los españoles tienen que tener ahorrado entre un 30-40% del valor de su vivienda, lo cual es un imposible en la precaria situación económica actual.

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Endurecimiento de la financiación: las medidas antidesahucios del bipartidismo llevaron a una ruptura de la garantía hipotecaria. Hoy las entidades financieras prestan menos y con peores condiciones. Resultado: jóvenes y clases populares privadas de la posibilidad de ser dueños.

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Al no poder comprar, dada la subida exponencial de los precios, la presión fiscal sobre la vivienda y el empeoramiento de la financiación, se produce un desplazamiento de la demanda al alquiler, con la consiguiente presión sobre los precios en dicho mercado. Recuperar una España de propietarios permitirá aliviar también los precios de los alquileres. Conviene recordar aquí, que el momento en que menor esfuerzo económico destinaron las familias inquilinas a pagar su alquiler coincide con el momento en que mayor número de españoles vivían en un hogar de su propiedad.

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