Unión Europea

La Unión Europea debe respetar la soberanía nacional de los Estados miembros singularizada en sus Parlamentos. Impulsaremos un nuevo tratado europeo que devuelva a los Estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de una Comisión Europea que nadie elige y a la que nadie puede fiscalizar. La Unión Europea debe estar al servicio de los Estados miembros y de los ciudadanos, no de sus élites. Rechazaremos cualquier tendencia federalista de la Unión Europea.

Defenderemos la primacía de la Constitución sobre el Derecho europeo y, en general, del Derecho nacional en cuestiones que afecten el Bien Común de España y los intereses generales del Estado.

Impulsaremos la recuperación de la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Aseguraremos el respeto a las decisiones de los jueces españoles e impulsaremos la reforma de la euroorden para eliminar la posibilidad de que individuos con causas penales pendientes en España se beneficien del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora.

Plantearemos ante la Comisión Europea de modo inmediato la reforma y adecuación del Plan de Recuperación de Sánchez y sus socios a fin de impedir, por ejemplo, la imposición de peajes, y asegurar en todo caso que los fondos europeos se invierten en la economía real, creando empleo y llevando prosperidad a todo el territorio nacional, con infraestructuras de todo tipo, incluidas las hidráulicas.

Exigiremos la reducción del gasto político superfluo en las instituciones comunitarias.

Lideraremos la formación de un eje de la Europa del sur para la defensa de intereses comunes, tales como protección de fronteras, el sector primario o la cultura.

Buena parte del entramado normativo y burocrático con el que se enfrenta a diario nuestro campo viene impuesto desde la Unión Europea. Rechazaremos con dureza ante las instituciones comunitarias cualquier iniciativa europea que suponga más obligaciones “verdes”, reducción de la productividad, subida de costes, aumento de importaciones o pérdida de empleos, como ya está haciendo VOX desde el gobierno de Castilla y León.

La Unión Europea no puede convertirse en una máquina implacable de imponer normas que, lejos de ayudar y potenciar nuestro campo e industria, le obligue a competir en desigualdad de condiciones con productos del exterior. Exigiremos la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten, así como medidas para combatir la competencia desleal de productos de terceros países.

Impulsaremos una PAC que reconozca el carácter prioritario y estratégico de nuestro sector primario. Revisaremos el Plan Estratégico Nacional de la PAC para priorizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. La “arquitectura verde” de la PAC supone más costes, más burocracia y limitaciones a la hora de producir. Es necesario modificar el sistema de concesión de ayudas para que lleguen antes y en mayor cantidad a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello. Fomentaremos que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de las explotaciones.

Abogaremos por la recuperación de la competencia exclusiva del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales, tanto en los ámbitos internos de la Unión, como en las relaciones bilaterales entre los Estados miembros, o la presencia de los Estados de la Unión en organismos internacionales, suprimiendo toda representación política exterior de regiones o municipios.

Rechazaremos cualquier acuerdo Unión Europea-Reino Unido o España-Reino Unido que no pase por respetar los derechos soberanos de España sobre la colonia británica de Gibraltar. Exigiremos a la Unión Europea un firme compromiso con la legítima aspiración española de recuperar Gibraltar. Es inaceptable que exista un paraíso fiscal en suelo soberano español.

Defenderemos en el Consejo de la Unión una reforma completa de la política inmigratoria y de asilo de la Unión Europea. Frente al fracasado modelo multicultural impuesto por las élites de Bruselas, las naciones europeas han de apostar por políticas de integración cultural. El multiculturalismo debilita la cohesión social y, consecuentemente, la voluntad general de defensa de la nación. Todo inmigrante tiene la obligación irrenunciable de integrarse en el país de acogida, y no al revés.

Reforzaremos la cooperación policial en materia de lucha contra el terrorismo, así como una política coordinada de tolerancia cero con mezquitas y centros de culto que propaguen la yihad, el menosprecio a la mujer y nuestras costumbres o el radicalismo.

Defenderemos una política europea común que sirva de freno a los oligopolios tecnológicos y que contemple la soberanía nacional y personal de los datos. Protegeremos la soberanía de los datos digitales de los españoles estableciendo mecanismos de control para evitar que las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional.

Exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035.

Exigiremos que la adopción de acuerdos en el Consejo europeo y el Consejo de la UE garantice el pleno consentimiento de todos los Estados miembros, recuperando la regla de la unanimidad allí donde sea precisa para asegurar el respeto a la soberanía nacional.

Exigiremos a terceros países el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por ellos y por España.

Impulsaremos desde el Consejo de la Unión Europea la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo, eliminando cuanto perjudica a nuestros productores y economía.