Despolitización de la Justicia

Mientras no se devuelva la competencia de Justicia al Estado, desarrollaremos un sistema de gestión procesal único en toda España, de tal manera que se garantice la interoperabilidad entre juzgados, facilitando la labor profesional de Abogados, Procuradores y restantes operadores de nuestro sistema judicial.

Garantizaremos la primacía del Derecho nacional y la recuperación de la soberanía de nuestros jueces y tribunales en el conocimiento y enjuiciamiento de conductas delictivas. España no puede volver a permitir que golpistas, terroristas o delincuentes perseguidos en nuestro territorio se paseen por países europeos que se niegan a detenerlos y entregarlos.

Trabajaremos por la existencia de un único Alto Tribunal, de forma que el Tribunal Constitucional pase a integrarse y desarrollar sus funciones en una nueva Sala Sexta del Tribunal Supremo. En tanto esto se produzca, modificaremos la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para establecer un plazo máximo de tres meses para que el TC resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad.

Reformaremos el Código Penal para recuperar el delito de sedición y para agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos, que ha sido abaratado en la última reforma del Gobierno de Sánchez para favorecer a sus socios separatistas.

Prohibiremos los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial para así evitar que presidentes como Sánchez puedan beneficiar a separatistas por interés propio, conformando alianzas que amenazan la unidad y la soberanía de España.

Pondremos sentido común a la nefasta técnica legislativa de los últimos gobiernos, que han abusado del Real Decreto Ley, y de la voracidad normativa, derogando normas para simplificar las leyes y reglamentos.

Los jueces deben elegir a los jueces. Aprobaremos una Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial ajustándose al artículo 122.3 de la Constitución, de manera que todos los miembros del CGPJ sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, sin injerencia de partidos o asociaciones politizadas.

Fortaleceremos las funciones del CGPJ y lo dotaremos de mayor autonomía presupuestaria.

Rechazaremos cualquier intento de atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal. La persecución de los delitos no puede depender del gobierno de turno.

Modificaremos la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces y tribunales, en aras de cumplir así con el principio de separación de poderes del Estado.

Exigiremos medidas efectivas para acabar con las dilaciones indebidas y las filtraciones en los juzgados para una justicia más ágil, limpia y transparente, sometida solo a la Ley.

Promoveremos las reformas legislativas necesarias para que Juzgados y Tribunales, en el ejercicio de sus funciones gubernativas, participen en la decisión de asignación y dotación de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, para garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial y que se mejoren y dignifiquen las retribuciones de jueces, magistrados, fiscales, letrados y demás profesionales de la Administración de Justicia.

Firmaremos acuerdos bilaterales con terceros países para que los presos extranjeros cumplan las penas que les han sido impuestas en sus estados de origen.

Derogaremos la Ley de violencia de género y de toda norma que derive de la teoría de género, que atente contra la presunción de inocencia o establezca tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima. Eliminaremos los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Suprimiremos las Fiscalías especiales con finalidad netamente ideológica, como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación, integraremos las actuales Fiscalías Especiales contra la Violencia sobre la Mujer en unas dedicadas ampliamente a asuntos de familia, y dotaremos de mayores medios y recursos a la Fiscalía Anticorrupción.

Impulsaremos la aprobación una Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Esta norma, impedirá de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o los ataques a las instituciones y símbolos de España.

Promoveremos la investigación de todos los crímenes de ETA aún no resueltos e impulsaremos la consideración de los delitos cometidos por ETA como de lesa humanidad, para que nunca prescriban. Ilegalizaremos los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

Impulsaremos un nuevo plan penitenciario y un aumento del personal de equipamiento de los funcionarios de prisiones. Eliminaremos los privilegios penitenciarios a los presos condenados por terrorismo. Además, prohibiremos la utilización de los centros penitenciarios para el intercambio de presos peligrosos a cambio del acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas.