Inmigración e Identidad Nacional

Como primera medida, consultaremos o exigiremos consultar al pueblo español, el que sufre en primera persona las consecuencias de las políticas de puertas abiertas, sobre el modelo de gestión de la inmigración y defensa de las fronteras que quieren para España. En aplicación del artículo 92 de la Constitución, sobre consultas políticas de especial relevancia, consultaremos a los españoles sobre las políticas migratorias y la expulsión de inmigrantes ilegales.

Cualquier persona que quiera venir y permanecer en España en búsqueda de oportunidades debe cumplir la ley y tener una clara voluntad de integración y adaptación. Inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país. A España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de la Nación.

Expulsaremos de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen.

Eliminaremos las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal. Exigiremos que las ayudas sociales estén vinculadas a la residencia legal y no al mero empadronamiento.

Endureceremos las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. Se promoverán sanciones a aquellos Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática y se ilegalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración ilegal.

Debemos acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa con la complicidad de oenegés y mafias del tráfico de personas. Trasladaremos el mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España.

Cerraremos los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles. Todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta que se implanten los protocolos y mecanismos suficientes para lograr este objetivo, los centros de MENA se reubicarán alejados de núcleos urbanos con el fin de impedir conductas delictivas y que atentan contra la convivencia en nuestros barrios.

La identidad nacional de España se forjó en su historia conjunta con las naciones de la Iberosfera. Nuestra política de inmigración atenderá de forma prioritaria a los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España.

Impulsaremos un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito.

Declararemos como situación de interés para la Seguridad Nacional la insoportable presión migratoria que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla.

Exigencia ante la Unión Europea de creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de asilo y reparto equitativo solo de los que tengan derecho en los 27 países miembros así como para la gestión eficaz del retorno de inmigrantes ilegales, supeditando los acuerdos de cooperación a la voluntad de repatriación de los estados de origen.

Los inmigrantes ilegales no podrán empadronarse ni adquirir con ello los beneficios y las ayudas correspondientes.

Impulsaremos junto a las regiones y ayuntamientos una red de alerta en tiempo real que ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado cualquier caso de inmigración ilegal en territorio nacional de la que tengan conocimiento las distintas administraciones.

Tolerancia cero con toda forma de fundamentalismo islámico. Cerraremos las mezquitas o centros de culto que propaguen ideas que son contrarias a nuestra cultura e identidad como el radicalismo islámico, la yihad o el menosprecio a la mujer y a nuestras costumbres.

Lucha sin cuartel contra todas las mafias, el terrorismo y la corrupción que amenazan nuestra seguridad y convivencia. Lucha contra la degradación sin permitir la existencia de enclaves de ilegalidad. Lucha contra las pandillas y bandas callejeras, el tráfico de drogas y la pequeña delincuencia.

Suspensión de toda la ayuda internacional a los estados que no cooperen con España en el control de los flujos y mafias de tráfico de personas en el Mediterráneo; así como con los gobiernos en manos del grupo de Puebla o del foro de Sao Paulo.

Auditaremos todos los programas de la Cooperación Española Internacional, y desecharemos todos aquellos que se desarrollen en países que no colaboren con el nuestro en la lucha contra la inmigración ilegal.

Supresión de la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española. Asimismo, se eliminará la posibilidad de sustituir la expulsión por una multa.

Reforma de la normativa sobre nacionalidad para impedir la adquisición fraudulenta o abusiva de la nacionalidad española, resignificando la condición de ser español; y ampliando los supuestos de pérdida de la nacionalidad. La adquisición de la nacionalidad debe estar sometida en cualquier caso a una integración real y comprobable, a una ausencia total de antecedentes penales y a un perfecto conocimiento del español.

Revisaremos el derecho a la nacionalidad vinculada únicamente al hecho de haber nacido en territorio nacional. La concesión de la nacionalidad debe ser fruto del esfuerzo por integrarse en nuestra nación y las personas que logren adquirirla deben poder sentirse orgullosas.