España Verde

Impulsaremos la exploración, investigación y explotación de los recursos minerales en territorio nacional, facilitando las inversiones y proyectos mineros que puedan atraer industria auxiliar, colocando a España como referente internacional gracias a los yacimientos con los que contamos.

Promoveremos la protección del medio natural con el ser humano como principal protagonista. Frente al ecologismo radical de las agendas impuestas por las élites que prescinden de las personas, la conservación de espacios naturales y protegidos no puede realizarse perjudicando a las comunidades locales y los modos de producción tradicionales. Toda política de defensa del medio debe contemplar también el interés de los españoles.

Derogación de la Ley de cambio climático que impide que exploremos nuestros recursos, carga sobre los hombros de los españoles el peso de la transición ecológica en forma de “impuestos verdes” y criminaliza a nuestros trabajadores y agricultores.

Para garantizar la efectiva aplicación y desarrollo de estos principios es necesario que la normativa en defensa del medio sea de carácter nacional, elaborada sin injerencias de organismos externos. España no puede quedar exclusivamente sometida a intereses de terceros países o a los prejuicios ideológicos de los lobbies que actualmente dirigen la política de Bruselas, máxime cuando esta normativa es abiertamente perjudicial para la viabilidad de la economía rural española.

Aseguraremos una posición cerrada en defensa del campo español ante la Comisión Europea. Exigiremos una Política Agraria Común que anteponga el interés de los productores nacionales y comunitarios sobre los delirios ideológicos de los lobbies ecologistas y proteja a nuestro campo de la competencia desleal extranjera.

La gestión del agua siempre debe abordarse desde una concepción nacional, porque es un recurso de todos los españoles. Por eso es urgente realizar un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común. Dicho plan impulsará la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua y pueda servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario.

Acabaremos con la destrucción de presas y embalses impulsada por motivos ideológicos en el territorio nacional. Facilitaremos la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España, y protegeremos las ya existentes.

Ante la situación de inmovilismo por parte del resto de partidos para aplicar estas políticas, VOX consultará o exigirá consultar a los españoles, en aplicación del del artículo 92 de la Constitución, si quieren un Plan Nacional del Agua que garantice el derecho de los españoles a disfrutar de sus bienes naturales en todo el territorio nacional o si, por el contrario, quieren mantener un modelo que empobrece a las familias y a los trabajadores del campo.

Se procederá a la derogación de la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que será sustituida por una ley que realmente proteja el Mar Menor y contemple en su marco la gestión integral del acuífero en colaboración con los regantes y usuarios, ejecutando las infraestructuras hidráulicas que sean precisas y procediendo a la inmediata renovación del sistema de saneamiento de las aguas residuales municipales. Revertiremos, así, la imagen deteriorada del Mar Menor y del Campo de Cartagena.

Impulsaremos la modernización y extensión de los regadíos, defendiendo su valor económico y ecológico como sumideros de CO2 frente a la criminalización de los lobbies de la religión climática.

Revisaremos el cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal para comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario sin aprovechar antes cada gota de agua en beneficio de los españoles, nuestro campo y la producción energética e industrial de toda España. Solo en el Tajo entregamos al país vecino un caudal tres veces más alto que el estipulado por los tratados.

Todos los veranos somos testigos de los estragos de los incendios forestales y del esfuerzo y sacrificio de nuestros cuerpos de bomberos, Protección Civil, FCSE y la UME en su extinción. Sin embargo, los incendios se empiezan a combatir en invierno, por eso es necesario anticiparse al período estival y realizar todas las tareas necesarias para prevenir su propagación y el aumento de los daños.

Entre las medidas que impulsaremos con el objetivo de prevenir incendios y facilitar su extinción se encuentran: facilitar el pastoreo de ganadería extensiva, realización de cortafuegos, limpieza de montes, desbroce y recogida de leña y dotar de material y equipos suficientes a los bomberos y demás servicios de emergencia. También incrementaremos las penas a los pirómanos y autores de incendios.

Estableceremos los controles necesarios de preservación del medio ambiente y de la forma de vida local. Por ejemplo, reforzaremos los informes de afección medioambiental y de usos del suelo para que, previa instalación de los macroproyectos de energías renovables, valoren su impacto en nuestro patrimonio natural y su compatibilidad e impacto en las actividades humanas del entorno.

Protegeremos el suelo, en especial el agrario, para evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables.

Incorporaremos a los pescadores a los proyectos de desarrollo de eólica marina que sean susceptibles de afectar a los recursos pesqueros y a la situación de los caladeros, teniéndose en cuenta sus puntos de vista, actividad económica y necesidades.

Protegeremos aquellas zonas que tengan un especial interés estratégico para el sector primario español como suelos fértiles o zonas pesqueras, así como aquellas que por su valor paisajístico puedan tener un especial interés de conservación y promuevan la actividad turística, trasladando los posibles proyectos a suelos infértiles o sin interés o valor paisajístico.

• Pondremos en marcha planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas en desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo de cereales.

Las costas y playas forman parte de la riqueza natural y paisajística de España. La necesaria protección de este patrimonio ha de hacerse compatible con el desarrollo de legítimas actividades económicas. Paralizaremos la reforma de la Ley de Costas, que pone en riesgo el empleo de decenas de miles de trabajadores y sus familias. Impulsaremos las necesarias reformas para asegurar la continuidad de estas actividades y el mantenimiento del empleo.