Independencia de la Justicia y lucha contra la corrupción

Independencia y despolitización de la Justicia. Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, directo y secreto por y entre los propios jueces y magistrados, terminando con el sistema de cuotas partidistas. Acabar con la colonización partidista de cualquier institución judicial. Garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del Fiscal General del Estado.

Liberar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos. El control de la constitucionalidad de las leyes no puede depender de un órgano político. Velar por el respeto del papel funcional del Tribunal Supremo y evitar que el Tribunal Constitucional actúe como un tribunal extraordinario por encima del mismo.

Administración de Justicia rápida, eficiente para los españoles. Reforma integral del sistema judicial que deje atrás los desvaríos ideológicos de este Gobierno y permita que los españoles puedan contar con una Administración de Justicia rápida y eficiente. Aumento de las inversiones en sedes judiciales y profesionales de la justicia.

Respuesta contundente frente a los ataques contra la Unidad Nacional. Recuperar el delito de sedición, agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales públicos y prohibir los indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial. Ilegalización de los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que atenten contra la soberanía e independencia de España, su unidad e integridad territorial.

Defensa y protección de nuestra identidad, tradiciones, usos y costumbres. España es el quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana y nuestra Nación merece que se garantice la promoción, conservación y transmisión de nuestro rico patrimonio material y espiritual. Protección de nuestros usos y costumbres y de las tradiciones religiosas y populares de España, frente a cualquier intento de imposición ideológica o de oposición extranjera.

Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la Nación, especialmente la Bandera, el Escudo y el Himno o la Corona. Las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas deben agravarse para que ninguna afrenta a ellos quede impune.

Revertir y poner fin a la gravísima degradación institucional promovida desde el Gobierno de Sánchez, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho. Máximo respeto por la actuación de todos los servidores públicos en su lucha contra la corrupción. Mayores medios y recursos a los juzgados y las unidades de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía especializadas en la lucha contra la corrupción.

Lucha contra la corrupción. Auditoría integral de todas las Administraciones con el fin destapar cualquier indicio de corrupción y llevarlo ante la Justicia. Reforzaremos la responsabilidad patrimonial personal de los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, garantizando que respondan con todos sus bienes presentes y futuros por la totalidad del perjuicio económico causado a las arcas públicas, hasta su completa recuperación de los fondos públicos desviados.

Auditoría del patrimonio inmobiliario del Estado. Los bienes inmuebles del Estado han de estar al servicio de las necesidades de la vivienda o de la mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos de los españoles. No se ha de permitir por más tiempo que se conviertan en saunas de corrupción, se cedan gratuitamente para la ubicación de inmigrantes ilegales o se mantengan en estado de ruina. Plan Nacional de Rehabilitación del Patrimonio Inmobiliario para la revitalización y creación de empleo.

Memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Aprobación de una ley que impida de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o ataques a instituciones y símbolos de España. Promover la investigación de todos los crímenes de ETA aún no resueltos e impulsar la consideración de todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA como crímenes de lesa humanidad, para que no prescriban nunca. Garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo. Fin de los privilegios penitenciarios de los condenados por terrorismo.

Limpiar RTVE de comisarios políticos, acabar con el despilfarro y ponerla al servicio de los españoles. Reforma integral de la Radio y la Televisión pública para que preste un verdadero servicio público informando con objetividad y pluralidad. Garantizar el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.

Garantizar la libertad de expresión de todos los españoles frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez.