Libertad de expresión

Garantizaremos el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, en tanto que la libre circulación de las ideas favorece el conocimiento y el respeto a los derechos de la persona, especialmente el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Aprobación de una legislación que impida que las grandes plataformas digitales se conviertan en tribunales de excepción que, de facto, atacan el ejercicio de la libertad de información y expresión, vulneran los derechos de la ciudadanía y socavan la soberanía nacional.

Detendremos la persecución de opiniones, sentimientos o valores arraigados en nuestra sociedad camuflada bajo el ambiguo paraguas del “delito de odio”, que casi nunca se aplica a los verdaderos promotores del odio en España: los separatismos, la extrema izquierda y las ideologías totalitarias.

Las grandes tecnológicas que hacen negocios en España deben pagar en nuestro país todos los impuestos que les corresponden. Por eso, se debe asegurar la persecución efectiva de este modelo de evasión fiscal.

El Gobierno tiene que proteger la soberanía personal y nacional de los datos digitales desarrollando una nueva legislación que proteja los datos de los españoles e impida que sean utilizados contra los intereses de los nacionales.

Las multinacionales deben revertir en España la riqueza que generan cosechando datos aquí, por lo que se asegurará el derecho de los españoles a ser retribuidos cuando comparten datos con ellas.

Se aplicará el artículo 92 de la Constitución para convocar un referéndum y preguntar a los españoles si quieren sus datos sean almacenados y tratados sin control fuera de España o si, por el contrario, quieren normas que les protejan en su decisión sobre qué hacer con sus datos personales, ya sea obtener beneficios económicos por la cesión de éstos o simplemente no cederlos.

Prohibición de las ayudas directas públicas a medios privados de información. Los periódicos y cadenas de radio y televisión han de sustentarse con los fondos de sus accionistas y la popularidad de su programación entre la audiencia. Los gobiernos no pueden seguir comprando voluntades y acabando con la disparidad de ideas a golpe de talonario.

Desmontaremos los oligopolios informativos garantizando la imparcialidad, la libre competencia y la pluralidad en la concesión de licencias televisivas y radiofónicas.

Es urgente librar a Radio Televisión Española de la politización a la que se ha sometido a la Corporación, con el consiguiente desafecto por parte de los espectadores, la pérdida de calidad de sus programas y el hundimiento de las audiencias.

La memoria de cada español es única y libre, la Historia es el campo de trabajo de los historiadores y la función de los poderes públicos es trabajar para lograr de nuevo la concordia entre españoles, superando divisiones y enfrentamientos.

Derogación de toda legislación de “memoria histórica” o “democrática”. Dichas leyes son un despropósito totalitario, que atenta contra libertades básicas, impone un único discurso a todos los españoles, criminalizándoles en función del bando en que lucharan sus abuelos, y amenaza la libertad de cátedra e investigación.

Aprobación de una Ley de Concordia que fomente el encuentro y la reconciliación y cuyo fin sea superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común de España.