Igualdad entre españoles

Promoveremos un estado unitario administrativamente descentralizado que sea capaz de promover la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles independientemente del lugar de España en el que residan. La descentralización política desarrollada por el estado autonómico, lejos de acercar las administraciones a los ciudadanos, ha creado nuevos centralismos que han usado su capacidad para legislar siempre en beneficio de las élites autonómicas y en perjuicio de los españoles.

Mientras logramos ese objetivo, proponemos la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia. Limitaremos en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sistemas normativos distintos y pondremos en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles.

Trabajaremos en todos los ámbitos para acabar con las fronteras artificiales creadas por las comunidades autónomas que además de atentar contra los derechos de los españoles, impiden el desarrollo social y económico de nuestra nación. Acometeremos la unificación de procesos y la interoperabilidad de procedimientos con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de los servicios públicos con leyes de ordenación y coordinación e impulsando la Alta Inspección del Estado.

Suprimiremos todos los privilegios legales y fiscales amparados en supuestos “derechos históricos” que provocan la desigualdad entre territorios. VOX respeta y defiende los Fueros de carácter civil en su vertiente privada (familia, matrimonio, sucesiones), que han sido desnaturalizados y degenerados en un sistema injusto de privilegios y ventajas fiscales, de carácter público financiero y tributario.

Garantizaremos el uso del español en todo el territorio nacional. Suprimiremos cualquier forma de discriminación entre los españoles por razón de la lengua y acabaremos con el apartheid lingüístico que crea españoles de primera y de segunda categoría. La rica diversidad de España, su pluralidad provincial y comarcal, están amenazadas por un estado autonómico que trata de crear falsas identidades que nos dividen y enfrentan tratando de homogeneizar territorios artificialmente. Uno de los mayores tesoros culturales de nuestra patria son las distintas lenguas que se hablan en sus regiones y provincias, y que han sido usadas torticeramente por el separatismo como elemento segregador para crear barreras entre españoles.

Recuperaremos la vitalidad y autonomía de los municipios. Para ello, se les debe liberar de la ineficiente estructura autonómica y del ejercicio de competencias innecesarias para que se concentre toda su fuerza en promover lugares seguros de convivencia entre vecinos, creación de empleo e iniciativas vecinales.

Exigiremos que todas las Administraciones Públicas, de cualquier nivel territorial, presten atención presencial, sin cita previa y, al menos, en español.

Señalizaremos, al menos en español, todas las carreteras y vías urbanas del territorio nacional.

Supresión progresiva – mediante reducción de competencias y efectivos – de las policías autonómicas e incorporación de sus miembros a los cuerpos nacionales. Hasta que se haga efectiva, se garantizará la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y policías autonómicas.

Promoveremos una Ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico, aumentaremos las penas a violadores y agresores sexuales, y reforzaremos las medidas contra la pedofilia y la pornografía infantil. Los españoles han visto cómo se iban cercenando sus derechos en diversos ámbitos mientras el consenso partitocrático con sus agendas importadas imponía leyes que atentan contra el sentido común haciéndonos más desiguales y desprotegiendo cada vez más a hombres y mujeres. Derogaremos la Ley Integral de Violencia de Género, que consagra la asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres y atenta contra los pilares básicos del Estado de derecho.

Eliminación de toda legislación de género y que establezca diferencias laborales entre españoles atendiendo a su sexo, raza u orientación o identidad sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o prevalencia en caso de empate en una oposición. En lugar de las “cuotas de género”, planes de igualdad u obligaciones de contratación, impulsaremos políticas que permitan la estabilidad familiar y que combatan la brecha maternal.

Como paso previo a la derogación de estas leyes destructivas, aplicaremos o exigiremos aplicar el artículo 92 de la Constitución para consultar al pueblo español sobre una decisión política de especial relevancia como es poner fin a este atropello de la igualdad, los derechos, las libertades y la presunción de inocencia de todos los españoles.

En el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se vigilará que no se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.

Derogación de las leyes ideológicas que no protegen a las personas, sino que colectivizan al individuo y los someten a las exigencias de grupos de interés, ya sea LGTBIQ+ o Ley trans. Garantizaremos la imposibilidad de los tratamientos hormonales y la cirugía de «cambio de sexo» en los menores de edad.

Suprimiremos el Ministerio de Igualdad, que es innecesario en sus funciones, injusto e ideológico en los medios políticos que acomete al servicio de aquellas y oneroso en su estructura, así como dedicaremos ese gasto a la mejora de servicios públicos esenciales como la sanidad, la justicia, la seguridad o el sistema educativo.

El estado de las autonomías ha traído consigo una consolidación del estado de bienestar de los políticos y de todos los entes y organismos que lo han sustentado durante las últimas décadas. Así, al mismo tiempo que los servicios públicos iban deteriorándose y los españoles se hacían más desiguales entre sí, los partidos políticos, sindicatos, patronal y demás entes políticos recibían toda suerte de privilegios acompañados de una financiación totalmente desproporcionada pagada por todos los españoles con el único fin de consolidar su estatus privilegiado.

• Suprimiremos todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos. No habrá igualdad real entre españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie.

Acabaremos con la forma actual de reparto de los fondos europeos, de espaldas a los verdaderos intereses de los españoles y condicionada a las imposiciones ideológicas globalistas.