Acceso a la vivienda

Tolerancia cero con la ocupación ilegal. Reformaremos tanto del Código Penal como de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil para proteger real y efectivamente a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda. Todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar. Crearemos un registro de datos históricos de zonas afectadas por la ocupación e impulsaremos el seguimiento pormenorizado de todos los casos que se produzcan, así como la asistencia integral a las víctimas de ocupación. Eximiremos a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble.

Liberaremos todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional. Impulsaremos una nueva Ley del Suelo que prevea la liberación del suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos, y que asegure un correcto, ágil y armónico desarrollo urbanístico en toda España.

Modificaremos la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual.

Recuperaremos la deducción por vivienda habitual en la declaración de la Renta. A su vez, incentivaremos la adquisición de la primera vivienda habitual, así como la puesta a disposición por los propietarios de sus viviendas en alquiler.

Revisaremos y rebajaremos los tributos y cargas en el proceso edificatorio. Todo el proceso constructivo desde la adquisición de una parcela hasta la venta o alquiler de la vivienda se ha convertido en un modo de obtención de ingresos fiscales para el Estado, regiones y municipios, que produce un incremento de precios artificial.

Impulsaremos la construcción viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos.

Fomentaremos la colaboración entre la Administración Pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial. Movilizaremos el suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes para la promoción de vivienda en alquiler social. Habilitaremos una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la SAREB la titularidad de los activos, sean los Ayuntamientos los que soliciten a la SAREB, en función de la demanda y las necesidades habitacionales, la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social.

Modificaremos la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y elaboraremos una nueva resolución por la que se dicten las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal al objeto de impedir que un okupa pueda empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente.

Acabaremos con la expropiación temporal de inmuebles y con el control de rentas en el contrato de arrendamiento puestos en marcha en los últimos años por distintas regiones.

Impulsaremos la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España. Esta homogeneización normativa garantizará la competencia en igualdad de condiciones con el resto de alojamientos turísticos, como hoteles o campings; velará por la preservación de los derechos de los vecinos residentes y la vida de los barrios; y pondrá límite al encarecimiento que la proliferación masiva de pisos turísticos causa en el precio de la vivienda.

La saturación y masificación de los cascos históricos de pisos turísticos ha dinamitado la armonía entre residentes y turistas. Preservaremos los derechos de los vecinos residentes y pondremos fin a un modelo turístico poco respetuoso que está contribuyendo a la degradación de nuestros barrios y a la expulsión de los vecinos de sus hogares. Nuestros barrios no pueden convertirse en parques temáticos.

Promoveremos el incremento de los medios técnicos y personales de los Ayuntamientos encargados de la redacción de los informes técnicos pertinentes para la concesión de licencias, así como la agilización burocrática. Promoveremos entre las regiones y las Entidades Locales la implantación de sistemas por los que se digitalice el proceso de tramitación de licencias.

Fomentaremos que los propietarios pongan sus viviendas vacías en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores.

Derogaremos la Ley por el derecho a la vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez, la cual no contribuirá a conseguir vivienda más asequible, hundirá el mercado del alquiler, altera el contenido esencial del derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución y ampara la ocupación ilegal.

Promoveremos un urbanismo amable para las familias, arraigado y armonioso con el entorno, fomentando la rehabilitación de los estilos regionales y la protección de las fachadas tradicionales, incluyéndolos en los catálogos de bienes de interés cultural.

• Rechazamos por ello proyectos globalistas como la llamada Nueva Bauhaus europea que impulsan los burócratas de Bruselas, que, con la coartada del fanatismo climático y la eficiencia energética de los edificios pretende uniformizar la realidad de nuestras ciudades.